Con este contenido seguimos difundiendo el legado de la Comisión de la Verdad e invitamos a los colombianos a aproximarse a uno de los volúmenes del Informe Final publicado en 2022. Su lectura hace parte del plan 2023 del Club de Lectura de Diario de Paz. ¡Lee con nosotros!
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Por Koleia Bungard [Medellín]
¿Qué tanto sabes de la historia del conflicto armado? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Qué fue el Frente Nacional? ¿Por qué surgieron las guerrillas y los grupos paramilitares? ¿Cuántos acuerdos de paz se han logrado llevar a cabo y qué ha pasado con ellos?
Estas y muchísimas otras preguntas se abordan en el tercer volumen del Informe de la Comisión de la Verdad: No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia. Como su nombre lo indica, este capítulo presenta la historia de esta larga etapa histórica del país, comenzando en el año 1920.
Más que un catálogo de eventos, nombres, fechas y momentos, en las más de 650 páginas de este volumen –dirigido por la periodista colombiana Marta Ruiz– se brinda un contexto detallado sobre el origen de las violencias, las condiciones que repercutieron en su persistencia y en la manera en que cada etapa impactó el devenir de la nación.
Como se lee en la presentación, este tomo
«parte de la premisa de que no estamos condenados a la guerra y a la violencia perpetua. Para Colombia, la suerte no está echada. Este relato no presenta una historia en la que todo es predecible o en la que existen leyes de las que no podemos escapar. Por el contrario, muestra idas y venidas, espacios opacos y momentos que pueden contradecir o reafirmar visiones clásicas sobre el conflicto colombiano. No tiene la pretensión de convertirse en una lectura única del conflicto armado interno. En cambio, busca aportar en dos vías: primero, resaltar la enorme complejidad que reviste la guerra colombiana. […] Segundo, este tomo busca contribuir a la construcción de una lectura pluralista sobre el pasado, a allanar el gran abismo que persiste entre lecturas disímiles sobre la guerra que poco o nada dialogan.
El volumen está dividido en seis partes: Antecedentes históricos (1920-1958), De la paz política a la guerra insurgente (1958-1978), La búsqueda de la democracia y la guerra sucia (1978-1990), La ilusión de un nuevo país y la guerra por el territorio (1990-2002), De la guerra total a la paz inconclusa (2002-2016), Conclusiones, epílogo, referencias y anexos. Como se presenta en el mismo documento, este volumen es la narración histórica de la guerra y su misión es ampliar el contexto de lo ocurrido durante los últimos sesenta años.
No matarás es un alto en el camino que clama por considerar la vida como un pilar, sacralizarla e instaurar un tabú sobre la muerte. Al final de estas páginas, queremos llegar al acuerdo de nunca más volvernos a matar entre compatriotas.
Para difundir su contenido y animar a la lectura, en esta publicación de Diario de Paz Colombia compartimos la presentación del Informe final, la introducción completa y el comienzo de los «Antecedentes históricos (1920-1958) e invitamos a los colombianos a conocer, explorar y estudiar este documento. Puede descargarse siguiendo este enlace. Haciendo clic en la siguiente imagen se puede ver el índice del tomo, para iniciar haciéndose una idea general de lo que se aborda en la publicación.

Derechos de autor y créditos correspondientes: El Informe Final Hay futuro si hay verdad es una obra de dominio público, que constituye una medida de reparación del derecho a la verdad individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado en Colombia, y por tanto debe ser objeto de la máxima divulgación. En ese sentido, se autoriza a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, a reproducir, comunicar y distribuir la Declaración y los tomos del Informe Final, siempre y cuando se haga un uso parcial o total de los mismos de manera contextualizada, y se reconozcan a la Comisión de la Verdad como autor corporativo y a quienes aparecen en los créditos correspondientes de cada tomo y documento en sus diferentes roles y actividades. El Informe Final podrá descargarse en el sitio web de la entidad: http://www.comisióndelaverdad.co.
No matarás. El primer mandamiento de la democracia colombiana.
Presentación del Informe Final
Hay futuro si hay verdad. Sobre esta premisa se construyó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP firmado en noviembre de 2016 para ponerle fin a la guerra insurgente-contrainsurgente que vivió Colombia durante más de seis décadas. Este pacto ha traído transformaciones que impulsan a la sociedad hacia el siglo XXI, a unas nuevas maneras de ciudadanía y a imaginar, por fin, un porvenir en paz. Pero ni la paz ni la verdad son fáciles. La construcción de la convivencia pacífica se ha enfrentado a obstáculos muy graves, como la necesaria ampliación de la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y siendo el mayor de ellos la continuación de conflictos armados localizados, donde priman las dinámicas criminales, el asesinato de líderes y excombatientes y la carencia de un clima propicio para la reconciliación y la paz grande, que involucre a toda la población colombiana.
La demanda de las víctimas por la verdad empezó a recorrer los caminos y veredas muchos años atrás. La tarea del esclarecimiento de la verdad es y seguirá siendo un proceso de construcción lleno de desafíos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición quedó consignada en el Acuerdo de Paz como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral para la Paz, del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Los once comisionados fuimos seleccionados en noviembre de 2017 y la Comisión comenzó a funcionar oficialmente en mayo de 2018, cuando tomamos posesión, por un periodo de tres años. Este fue extendido por la Corte Constitucional por siete meses, dados los impactos que tuvo la pandemia del covid-19 en su labor. La Comisión recibió el mandato de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno que ha vivido Colombia, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia, todo ello en un horizonte que permitiera dejar atrás la guerra para siempre.
En los cuatro años efectivos de vida que tuvo la Comisión –y a pesar del obstáculo que significó la pandemia– se realizaron cerca de 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Adicionalmente, se recibieron más de 1.000 informes de las instituciones públicas, de entidades privadas y de movimientos sociales. Dentro de las limitaciones de tiempo, del contexto político y de salud pública, la escucha de la Comisión fue amplia y plural, asertiva y reparadora. Se activaron conversaciones inéditas entre sectores otrora enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente y que nunca antes se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno.
El proceso de escucha en sí mismo resultó transformador para todos los involucrados. Las víctimas de todas las condiciones fueron quienes acudieron mayoritariamente al llamado de la Comisión y para muchas de ellas ese momento se convirtió en la primera vez que una entidad del Estado las trató como ciudadanos sujetos de derechos. También se escuchó a quienes hicieron la guerra: hombres y mujeres exguerrilleros, exparamilitares, oficiales de la fuerza pública, soldados y policías. Se escuchó a los políticos que alentaron, defendieron o condujeron la guerra. A aquellos de la sociedad civil que actuaron como agentes de la violencia de diferentes maneras. A quienes defendieron los derechos humanos, acompañaron a las víctimas y lucharon por la paz en los momentos más duros de la guerra. A testigos y analistas. En realidad, a todas las personas que quisieron hacer parte de este proceso.
Para realizar su trabajo, la Comisión contó con recursos asignados por el Estado colombiano y el Gobierno, y un inmenso e invaluable aporte de la comunidad internacional. Esto le permitió tener colaboradores, equipos de trabajo y presencia en todos los departamentos del país, así como personas voluntarias en otros países. Todos ellos entregaron no solo su conocimiento y experiencia sino su curiosidad, sensibilidad y amor profundo por Colombia. A todas estas personas les agradecemos profundamente la mística que pusieron en esta tarea que no hubiese sido posible de otra manera.
Una de las tareas asignadas a la Comisión de la Verdad desde el Acuerdo de Paz es la de entregar un Informe Final que dé cuenta del esclarecimiento de trece puntos de su mandato, en toda su complejidad, y que recomiende medidas para evitar la repetición de una historia aciaga como la que ha vivido Colombia.
La Comisión adoptó un método de investigación inductivo, es decir, de la escucha y la observación abiertas, al análisis y la construcción de conclusiones, a partir de una pregunta macro que orientó la búsqueda de la verdad: ¿por qué, a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente y, en cambio, se recicla? Posteriormente sistematizó y decantó analíticamente sus hallazgos aunque, hay que reconocerlo, la magnitud de la información recabada y la preexistente en el país hizo de esta etapa un desafío mayúsculo. Con el tiempo seguramente todo lo visto, escuchado, experimentado y reflexionado se sedimentará para darnos nuevas y más ricas perspectivas a todos los colombianos y colombianas.
Las verdades que los comisionados entregamos al país al finalizar el mandato son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas. Consideramos que este Informe Final se suma al conocimiento acumulado que tiene el país respecto a su conflicto. Recoge buena parte de lo producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica; la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas; la justicia colombiana e internacional, en especial la justicia transicional; las diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y en especial las de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y la academia; entre otros muchos aportes que desde el libro La Violencia en Colombia en la década de los sesenta se han hecho alrededor del conflicto armado.
Procuramos alejarnos de las lecturas simplistas y binarias para escudriñar en el entramado de actores, intereses, objetivos y prácticas que convirtieron la guerra en un escenario diferenciado dependiendo del momento y el lugar. Es importante destacar que de manera muy temprana en el análisis hecho por los comisionados emergió la evidencia de que el conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados ni fue una guerra solamente ideológica. La definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses nos permite observar que las responsabilidades sobre la tragedia que este representa van más allá de quienes empuñaron las armas, y que se extiende como una responsabilidad ética y política –y en algunos casos, una responsabilidad directa– de sectores políticos (de todas las ideologías), económicos, criminales, sociales y culturales. La guerra que dejó más de nueve millones de víctimas tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero es también una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir no solo en el mismo suelo, sino también en una historia compartida.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad contiene una parte importante de esa verdad necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelvan en democracia, y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos han condenado una y otra vez a la repetición del conflicto.
El Informe consta de diez tomos y una declaración. La declaración, Convocatoria a la paz grande, es el compendio de las verdades que nos interpelaron y con las que queremos, así mismo, interpelar a Colombia. El tomo de Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia contiene una primera parte con la síntesis de once temas que fueron investigados en profundidad por la Comisión, muchos de ellos ampliamente sustanciados en otros tomos de este mismo Informe y en un notable archivo de casos. Estos once documentos se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno. Desde la herida de las víctimas que nos tocan a todos como país, pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura. También damos cuenta de lo que se ha comenzado a mover, de ese proceso de reconocimiento de las atrocidades del pasado, para cerrar las heridas y ver con esperanza los nuevos tiempos.
Una segunda parte de ese tomo contiene las recomendaciones que la Comisión le propone al país, tanto al Estado como a la sociedad civil, como herramientas para profundizar la construcción de paz y para el buen vivir. Estas fueron construidas en diálogos amplios, plurales y participativos y reflejan la voz de cientos de comunidades de todo el territorio. Pueden considerarse parte del legado que deja la Comisión para alentar los cambios necesarios para no repetir el pasado. El seguimiento y monitoreo a la implementación a este corpus de propuestas lo realizará un comité de siete personas elegidas por los comisionados por su compromiso e idoneidad, quienes han aceptado cumplir esta misión durante los próximos siete años. Para que el trabajo de este comité tenga éxito se necesita una apropiación colectiva de las recomendaciones y una labor especial de la sociedad civil organizada para que, con su incidencia, esas recomendaciones puedan hacerse realidad.
Los demás tomos del Informe Final no tienen una jerarquía y responden a aspectos específicos del mandato que recibimos del Acuerdo de Paz. El tomo No matarás. Relato histórico del conflicto armado es la narración histórica de la guerra y su misión es ampliar el contexto de lo ocurrido durante los últimos sesenta años. El tomo Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas presenta un exhaustivo y completo panorama de esos hechos. El tomo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado está compuesto por catorce volúmenes que relatan específicamente qué ocurrió en las regiones y con el campesinado. El tomo Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias revela los impactos sufridos durante la guerra por todas las víctimas, excombatientes, comunidades y la naturaleza. El tomo Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia es netamente testimonial y coral. Una curaduría de voces que van del pasado al porvenir, pasando por el presente.
Hay cuatro tomos cuyo aporte específico es hacer visibles los impactos que tuvo el conflicto en sectores y grupos humanos que sufrieron de manera diferenciada la guerra y que suelen ser poco visibles en las políticas públicas, incluso las que se diseñan para implementar la paz. El tomo Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia es un aporte a la verdad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom, y se ocupa de lo ocurrido durante el conflicto armado interno en clave histórica. El tomo Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y de personas LGBTIQ+ en el conflicto armado hace visible la experiencia de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en los distintos momentos de la guerra y, en particular, las violencias sexuales enfrentadas. El tomo No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado recoge la experiencia de este sector de la población. El tomo La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio es un trabajo pionero en hacer visible al millón de personas exiliadas en razón del conflicto armado interno. El nombre de la obra completa es Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Estos tomos no agotan la noción de Informe Final. Este no pretende ser un ejercicio académico para engrosar las bibliotecas, sino un ejercicio vivo, un proceso social, político y cultural de debate democrático sobre el pasado y la transformación del presente, sin pretensión de convertir estos textos en una «verdad oficial». Dejamos para el país el Informe como un hito importante de la reflexión sobre el pasado que hace esa sociedad que mira al futuro con esperanza.
El legado es mucho más que este informe. La Comisión deja una plataforma transmedia donde se incluyen los mismos contenidos escritos y otras muchas experiencias en otros lenguajes y formatos, como documentales, expresiones artísticas y diálogos sociales que desarrollan y enriquecen aún más la experiencia de la verdad. Cada tomo tiene su correlato digital. Pero la plataforma también es mucho más, pues recoge la memoria de la Comisión: todos los reconocimientos, el diálogo social, las contribuciones públicas a la verdad. También deja para el público el más completo sistema de información sobre el conflicto armado interno que hay en Colombia. Allí reposa todo lo producido por esta institución y sus aliados.
La Comisión de la Verdad es un acontecimiento que no finaliza con la entrega del Informe ni con el cumplimiento del mandato de la institución y de sus comisionados. El acontecimiento continúa, porque la verdad es una construcción colectiva, plural, histórica, conflictiva y apasionante. La Comisión de la Verdad no es un puerto de llegada, sino uno de salida, para un viaje que lleve a la transformación que se necesita, para que ese nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino una política y un compromiso nacional. Dejamos, pues, nuestro aporte para que el proceso continúe y se lo apropien esta generación y las venideras. Este es el grano de arena que la Comisión y todo su equipo de trabajo entrega para que nuestros hijos, nietos y todas las futuras generaciones no repitan la historia de sangre y dolor que se nos ha encargado reconstruir. Hay futuro porque ha llegado la hora de la verdad.

Introducción
Casi todas las guerras, sean conflictos internacionales o internos, tienen un hito que marca su comienzo: el disparo contra un archiduque, la invasión de un territorio, un florero que se rompe, una palabra de agravio, y así.
Este suele ser el clímax de una conjunción de factores sociales y políticos que van entrelazándose hasta asfixiar las salidas democráticas y civilizadas. La historia de la humanidad ha demostrado que es mucho más fácil soltar el primer tiro que lograr un armisticio, cuando la sangre ya inunda los campos. La guerra suma mayores agravios a los que ya le habían dado origen a ella misma; por eso, a pesar de que existan desarmes, treguas, perdones y procesos de paz, las heridas van quedando una sobre otra. Estas, en ocasiones, deforman el rostro de las naciones y entrelazan las violencias de manera que ya no se pueden separar unas de otras.
Durante la historia de Colombia han convivido instituciones relativamente estables con violencias que llegan a niveles alarmantes para cualquier régimen que se llame democrático. La violencia en sus múltiples expresiones ha sido un recurso al que han apelado distintos actores sociales, políticos, económicos e institucionales para resolver disputas de todo tipo: desde las más ideologizadas hasta las más prosaicas y cotidianas.
La violencia política deja como legado pactos y acuerdos de paz, amnistías y armisticios, resistencias y reconciliaciones que son aprendizajes fundamentales para la cultura política. Desde el armisticio de 1820, firmado entre Simón Bolívar y Pablo Morillo para regularizar la guerra de independencia, hasta el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, existe una compleja relación entre guerra, reconciliación y reformas. Los pactos de paz y las traiciones han estado presentes en numerosas amnistías e indultos: los acuerdos de Neerlandia y Wisconsin que pusieron fin a la guerra de los Mil Días, la amnistía de Gustavo Rojas Pinilla, los acuerdos de los que surgió el Frente Nacional y las negociaciones con las guerrillas a finales de la década de los ochenta. Este acumulado de experiencias revela que la guerra se ha dado en una constante disputa por el poder, la representación y el cambio social.
La Comisión de la Verdad busca dar cuenta de la complejidad histórica que subyace en el conflicto armado colombiano, de su origen y desarrollo, de las iniciativas para ponerle fin, de las corrientes que mueven el reciclaje de la violencia y de la profundidad del dolor que esta ha ocasionado. Para esto, la Comisión de la Verdad ha escuchado las voces de miles de sobrevivientes, excombatientes, protagonistas, testigos de excepción, pensadores que durante décadas han tratado de entender los motivos de este enfrentamiento fratricida. La violencia en Colombia tiene múltiples fuentes. Es mutante y diferenciada, dependiendo del momento y el lugar; adquiere una u otra característica, según la aproximación con la que se estudie.
Atendiendo a su mandato, en este Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, la Comisión de la Verdad intenta responder a las preguntas sobre el origen del conflicto, su desarrollo y la actuación de los diferentes grupos e instituciones involucrados. Busca la comprensión de la violencia política, sus transformaciones y degradación, así como su persistencia hasta la publicación de este informe, a pesar de los múltiples esfuerzos pacifistas y de los avances hacia la democracia y la convivencia.
También retoma el aporte muy significativo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), cuyos análisis y acercamientos inspiraron el trabajo de la Comisión de la Verdad. Varios ensayistas de la CHCV aludieron a la necesidad de comprender las grietas o «fallas geológicas» en la construcción de la nación para comprender el origen y desarrollo del conflicto armado. Entre las que se nombran están «la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas, o la presencia precaria y a veces traumática del Estado en muchas regiones del territorio nacional». A estas fallas la Comisión de la Verdad suma la importancia de conocer cómo los protagonistas del conflicto y sus víctimas leyeron ciertos contextos, tomaron decisiones y ejecutaron acciones en momentos determinados, así como la necesidad de analizar algunas violencias estructurales cuyo vínculo con el conflicto armado interno ha sido, hasta hace poco, invisible: el patriarcado, el racismo y las múltiples discriminaciones por clase social, región o corrientes de pensamiento.
La Comisión de la Verdad toma el año 1958, con la creación del Frente Nacional, como un partidor de aguas entre la guerra civil bipartidista y el conflicto armado interno que vivió Colombia durante más de medio siglo. Por eso inicia en ese año su proceso de esclarecimiento. Sin embargo, considera que también es necesario abordar un periodo de contexto, que permita explicar cómo se imbricaron los hechos que desataron la guerra. Por eso se remonta a los años veinte, cuando comenzaron a expresarse problemas sociales y de clase. Con esto no se pretende mostrar una continuidad absoluta, pero sí enmarcar un proceso de larga duración.
Este relato histórico se reconstruye a partir de las investigaciones y de los documentos de esclarecimiento construidos por distintas dependencias de la Comisión de la Verdad, así como de los informes que fueron recibidos por parte de comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos, y otros actores. De igual manera, asume la prolífica bibliografía previamente existente sobre el origen y el desarrollo del conflicto armado interno. La cantidad de trabajos que académicos, periodistas y activistas han elaborado para intentar comprender lo ocurrido es clave para la construcción de este relato. Además, se utilizaron diferentes bases de datos y fuentes de información disponibles en el Sistema de Información Misional de la Comisión de la Verdad (SIM) como informes, casos, consultorías y estadísticas que permitieron ilustrar problemáticas, contextos e ideas fuerza que se desarrollarán a lo largo del texto y que se relacionan con el gasto público, la dinámica del conflicto, la dimensión de la victimización, las áreas sembradas con cultivos de coca y la información disponible sobre el tráfico de cocaína, la movilización social y la participación electoral.
Este tomo se nutre de testimonios, entrevistas a profundidad y colectivas, diálogos, reconocimientos de los responsables, encuentros entre las víctimas y de ellas con responsables de uno o varios hechos del conflicto armado. Los participantes en cada uno de estos espacios (víctimas, militares, guerrilleros, paramilitares, políticos, empresarios, grupos étnicos, funcionarios de los gobiernos, líderes y lideresas sociales y políticas, entre otros) dejaron sus sentimientos, valores, análisis y aclaraciones sin los cuales este relato sería un crudo salto entre hechos.
Mención especial merecen las entrevistas públicamente solicitadas y aquellas a profundidad de carácter privado con expresidentes, exministros, excomandantes de grupos guerrilleros y paramilitares, y víctimas. Estos fueron escenarios en los que algunos de los principales protagonistas de la guerra presentaron sus razones y, en otros casos, evaluaron sus acciones en retrospectiva. Asimismo, algunas de estas entrevistas sirvieron para triangular y corroborar información.
Los aportes a la verdad mencionados han permitido construir este relato histórico, en el que, sin embargo, las valoraciones y análisis incluidos son responsabilidad de la Comisión de la Verdad.
El instrumento para ordenar los acontecimientos del conflicto colombiano es la periodización. El tiempo, en diálogo con el ordenamiento espacial o territorial, son los ejes sobre los que se construye la narrativa histórica. Sobre estos dos planos se da la interacción de los actores, se producen los cambios y se llega a desenlaces y transformaciones. Así como el territorio se ha organizado y delimitado para entender sus dinámicas culturales, económicas, sociales y políticas, la línea del tiempo permite ver la evolución de la guerra y la manera como la vivió la nación, entendida esta como el pueblo colombiano y sus instituciones. En esta línea se destacan los hechos o hitos que adquieren un sentido o significado especial para el país, para una región o un grupo social, ya sea porque producen cambios o porque generan un mayor impacto en la comunidad.
Esta periodización conjuga diversos factores políticos, económicos, militares, humanitarios, procesos de resistencia y transformación, que otorgan una característica especial a un momento de la historia. Es un marco general que orienta un relato de nación, incluyente, plural y con enfoque territorial. Además, se ha elaborado desde el lente del proceso político en el que se enmarca el conflicto armado. Dicho proceso desencadena la búsqueda de la construcción de una democracia y un Estado de derecho donde prevalezcan los derechos humanos para todas las personas, y que da cuenta de sus contradicciones, obstáculos y luchas de poder.
Fue Alfredo Molano quien recogió gran parte de las discusiones que se habían dado en la Comisión de la Verdad para hacer una propuesta marco de la narrativa histórica, complementada con una larga exposición de hitos y acontecimientos. La Comisión de la Verdad recoge, con ajustes, su legado sobre la periodización, que intenta dar cuenta de las tensiones políticas entre guerra y paz, entre democratización y cierre del espacio político, entre reforma social y exclusión, entre humanización y degradación. Aquí se incorporan algunos hechos centrales y queda abierta la discusión para que se introduzcan otros que sean relevantes y que, sin embargo, no se han considerado.
Para comprender el conflicto armado interno es necesario revisar las continuidades y rupturas que ha tenido la violencia social y política en la conformación del Estado nación. Para la Comisión de la Verdad es imposible dar cuenta de todas las guerras civiles que ha vivido el pueblo colombiano en los últimos dos siglos. Sin embargo, dentro de un enfoque histórico es importante entender cómo esos conflictos agrarios, culturales y étnicos, políticos e institucionales no resueltos explican, en parte, la guerra insurgente-contrainsurgente del último medio siglo.
La Comisión de la Verdad no está construyendo una historia de la violencia en Colombia, sino realizando un ejercicio de esclarecimiento de lo acontecido durante el conflicto armado insurgente-contrainsurgente, entre 1958 y 2016 (y su persistencia). Por tanto, los antecedentes (1920-1958) presentados en este tomo serán considerados como parte del contexto, pero no serán objeto de esclarecimiento. Dentro de estos antecedentes, se observará de manera especial lo acontecido en la década anterior a 1958, cuando Colombia se vio sumida en una guerra civil bipartidista, cuyo final se dio con un pacto de élites excluyente que dejó heridas abiertas, así mismo se explorarán otros factores que explican de cierto modo el origen y la persistencia de la guerra insurgente-contrainsurgente.
La Comisión de la Verdad propone abordar de manera especial el cambio de milenio, cuando estuvieron en marcha diferentes procesos: derrumbe de los socialismos a finales de los años noventa; los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos, para potenciar la capacidad militar del Estado; el marco de la política contrainsurgente; la expansión territorial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); la reorganización del narcotráfico; el desplazamiento masivo de población y despojo de tierra y territorios; el auge militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la negociación con el gobierno de Pastrana; el comienzo de los acuerdos entre políticos y diferentes frentes de las AUC, para intervenir en las elecciones nacionales y locales de 2002 y 2003, respectivamente, y la llegada de un gobierno que cerró las posibilidades de una salida política con la guerrilla y apostó por la derrota militar.
Al inicio de la etapa que denominamos «De la guerra total a la paz inconclusa», la guerra termina por inclinarse en favor del Estado colombiano en medio de graves violaciones a los derechos humanos y una degradación de la guerra. El periodo entre 1996 y 2006 merece una aproximación particular, ya que en este se cometieron el 70 % de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el conflicto armado; al mismo tiempo, fue la década en la que tuvo su clímax la disputa política, militar, y por el control social y territorial.
Hay que destacar que la periodización no es una herramienta neutral. Los hitos y coyunturas resaltadas suponen o sugieren un propósito y, por lo mismo, una narrativa explicativa que responda a una pregunta. Para la Comisión de la Verdad esa pregunta es ¿por qué el proceso de democratización se ha enfrentado a una persistente violencia? Así, 1991 se identifica como un punto de quiebre, pues hay un cierre del sistema político anterior, con la proclamación de una nueva Constitución que puede considerarse el episodio democratizador más vigoroso de la segunda mitad del siglo XX. Esta esperanza se choca con el horror vivido a continuación, cuyo impacto ha sido desigual para las regiones y grupos poblacionales de Colombia.
Primer periodo: 1958-1977. Este es el periodo del Frente Nacional. Se caracterizó, primero, por la búsqueda de la paz política a partir de un pacto de élites liberales y conservadoras que, si bien modernizó una parte del Estado, excluyó a los movimientos por fuera del bipartidismo; y segundo, por el surgimiento de guerrillas de izquierda y resurgimiento de resistencias armadas, en un contexto en el que la Guerra Fría tenía influencia en Colombia y Estados Unidos incidía en el tratamiento del conflicto armado. El país se urbanizó y se amplió la clase media. Hubo intentos de reformas estructurales que se frustraron. Creció el descontento social y emergieron movimientos estudiantiles, campesinos y urbanos. Este periodo puede denominarse «incubación de la guerra».
Segundo periodo: 1978-1991. Este se puede caracterizar como un ciclo de profundización del descontento social y consolidación de la insurgencia, con una respuesta represiva por parte del Estado colombiano, el cual seguía la doctrina de seguridad de Estados Unidos y, por ende, también inició la guerra contra las drogas. Esta intentó ser resuelta a lo largo de estos años, en un contexto regional que se debatió entre la revolución y las negociaciones. A finales de los años setenta se catalizaron los factores determinantes del conflicto armado interno que tuvo el país hasta 2016. Se configuraron y fortalecieron los principales actores: guerrillas, paramilitares, narcotráfico y Estado. Los narcotraficantes buscaron incorporarse a la vida nacional a través del lavado de activos, la financiación de campañas electorales y de ejércitos contrainsurgentes.
En este escenario hubo un retorno de la competencia política, una pugna por abrir la democracia hacia un esquema más participativo con la descentralización y un gran cambio en la economía, pues el país pasó de ser cafetero a financiarse con los recursos naturales y, en el terreno ilegal, de la coca y otras rentas. También fue el último periodo del modelo de sustitución de importaciones, protección industrial, promoción y diversificación de las exportaciones.
La guerra sucia luego se escaló con el Estatuto de Seguridad a finales de los años setenta y luego, a partir de 1985, con el surgimiento de la Unión Patriótica (UP) y sus primeros éxitos electorales. Fue un tiempo de permanente estado de sitio, con un incremento de violaciones a derechos humanos, que obtuvo como respuesta la creación de un movimiento de defensores de estos derechos. El periodo terminó con la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que se presentó en medio de la oportunidad política que abrieron las conversaciones de paz con la guerrilla del M-19 y fue impulsada por movimientos sociales, por estudiantes universitarios que clamaron por unas instituciones más modernas y democráticas, y por los ánimos de reforma dentro de algunos sectores liberales y conservadores. La Constituyente es el segundo pacto nacional en el curso del esclarecimiento (el primero fue el Frente Nacional), pero mucho más pluralista, incluyente y enrutado hacia una democracia liberal.
Tercer periodo: 1991-2002. Luego de la Asamblea Nacional Constituyente, los primeros años de la década de los noventa fueron una oportunidad para negociar con las guerrillas y someter a la justicia a los capos del narcotráfico. Sin embargo, hubo una reacción violenta a la apertura democrática. Dos de los grupos insurgentes más importantes del país no fueron incluidos en el nuevo pacto y las negociaciones con las cabezas del narcotráfico quedaron a medio camino. La Constitución de 1991, que promete una democracia pluralista y garantista de derechos, obtuvo como reacción una violencia exacerbada por parte de los actores antes descritos (las guerrillas que quedan en armas, los paramilitares narcotraficantes y las Fuerzas Militares).
Hacia mediados de la década de los noventa se reorganizó el tablero de la guerra. Las comunidades comenzaron a ser despojadas por parte de paramilitares que ya estaban constituidos en un proyecto nacional bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), auspiciadas por el narcotráfico, un sector importante de las Fuerzas Militares y élites políticas y económicas. Mientras tanto, las FARC-EP intentaron fallidamente saltar a la guerra de movimientos, apuntaladas también en los recursos de la coca. La disputa comenzó a darse por el control del territorio y la población, llegando a los niveles de violencia más altos en la historia del conflicto. Como respuesta, creció un fuerte movimiento por la paz, en especial el de las mujeres. Se dieron grandes movilizaciones y se gestaron experiencias de resistencia social como la Guardia Indígena, las comunidades de paz y los programas de desarrollo y paz. También se consolidaron algunas instituciones garantistas de derechos como la Defensoría del Pueblo.
Las demandas de paz se cristalizaron en los diálogos realizados en San Vicente del Caguán con las FARC-EP y en Maguncia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos intentos de paz fracasaron. Luego de estos, y con una sociedad civil hastiada de la guerra, las FARC-EP empezaron a ser vistas como las principales responsables de la violencia en el país y se abrió paso a la salida militar como la forma para solucionar el conflicto. En este periodo, el papel de Estados Unidos cobró especial relevancia con la llegada del Plan Colombia, que más que un programa contra las drogas resultó ser una estrategia contrainsurgente. La guerra se internacionalizó.
Cuarto periodo: 2002-2016. Lo ocurrido durante estos años se puede caracterizar como una guerra de «buscar y destruir» a las FARC-EP en algunas regiones, mientras en otras la estrategia era la de «quitar el agua al pez», implementada por los paramilitares que continuaron con la violencia masiva hasta por lo menos 2005. En la primera parte de esta etapa, se inclinó definitivamente la correlación de fuerzas a favor del Estado en lo militar y lo político. Sin embargo, la legitimidad de los grupos de poder y las instituciones estatales fueron cuestionadas por los pactos políticos con los paramilitares y el narcotráfico, así como por la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, el despojo masivo y los intentos por manipular la justicia. En la primera fase tuvo lugar la guerra total, con un punto de inflexión en 2008. La política de seguridad democrática se inscribió en la lucha contra el terrorismo y amplió el concepto de «enemigo interno». La guerra se expandió a otros territorios, al tiempo llegaron inversionistas foráneos. Los actores del conflicto involucraron de manera directa e indirecta a la población civil, a través de la financiación y las redes de cooperantes, así como de milicias y redes clandestinas. Hubo una fuerte internacionalización del conflicto con la plena implementación del Plan Colombia y con la creación de un bloque latinoamericano de izquierdas, que respaldó una salida política a la guerra. Las guerrillas instalaron sus retaguardias en las fronteras y de manera particular en Venezuela.
También fue un periodo de negociaciones incompletas y no tan claras con las AUC. Con la Ley de Justicia y Paz se abrió el capítulo de la memoria y la justicia transicional en Colombia. En este marco se hicieron más visibles las víctimas como un actor social y político, empezaron a ocupar un lugar importante en el movimiento social y en la agenda nacional. En 2010, con el cambio de gobierno de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos, hubo un quiebre en las élites políticas alrededor de la salida negociada del conflicto o el manejo de su fase final. Santos luego firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y su implementación comenzó en medio de una escisión social y política expresada en los resultados del plebiscito por la paz de 2016.
Epílogo: de 2016 hasta hoy. Una paz incompleta y un posconflicto violento abrieron la puerta a la repetición.
Este tomo del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que se titula No matarás. El primer mandamiento de la democracia colombiana, parte de la premisa de que no estamos condenados a la guerra y a la violencia perpetua. Para Colombia, la suerte no está echada. Este relato no presenta una historia en la que todo es predecible o en la que existen leyes de las que no podemos escapar. Por el contrario, muestra idas y venidas, espacios opacos y momentos que pueden contradecir o reafirmar visionesclásicas sobre el conflicto colombiano. No tiene la pretensión de convertirse en una lectura única del conflicto armado interno. En cambio, busca aportar en dos vías: primero, resaltar la enorme complejidad que reviste la guerra colombiana. Aunque este relato se construyó con la idea de comprender cómo interactúa el conflicto armado con el poder y el régimen político, son varias las aristas, dimensiones y vetas que están aún por explorar y esclarecer.
Segundo, este tomo busca contribuir a la construcción de una lectura pluralista sobre el pasado, a allanar el gran abismo que persiste entre lecturas disímiles sobre la guerra que poco o nada dialogan. Una de las conclusiones de varios ensayistas de la CHCV es que el sectarismo y la incapacidad de discutir y debatir ideas están entre los factores que más han atizado la guerra6. Un asunto que no solo ha sido un impedimento para el reconocimiento de ciertas responsabilidades en el marco del conflicto, sino que ha sido un obstáculo para reconciliar a los colombianos definitivamente como nación. La existencia de múltiples miradas sobre el pasado es inherente al debate democrático.
Reconocer que la violencia responde a múltiples factores y no a la naturaleza de nuestra sociedad nos permite mirar al pasado, examinarnos, ofrecer un contexto y actuar de cara al futuro. No matarás es un alto en el camino que clama por considerar la vida como un pilar, sacralizarla e instaurar un tabú sobre la muerte. Al final de estas páginas, queremos llegar al acuerdo de nunca más volvernos a matar entre compatriotas.

Antecedentes históricos (1920-1958)
En los años veinte del siglo pasado, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, el comunismo dejó de ser el fantasma que recorría a Europa y se convirtió en realidad. El triunfo de los bolcheviques en la Revolución de Octubre en 1917 causó pavor en países que sentaban las bases del libre mercado y del liberalismo.
Los bolcheviques, al mando de la recién creada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), derrocaron a los zares, expropiaron a los ricos, expulsaron a la Iglesia, impulsaron la propiedad colectiva a través de los soviets e instauraron el gobierno de un único partido, en cabeza primero de Lenin y luego de Stalin. Los comunistas aspiraban a extenderse por el mundo bajo la consigna: «proletarios de todos los países, uníos». De manera muy temprana, las potencias capitalistas y la Iglesia católica vieron en la Unión Soviética un eje del mal. Al mismo tiempo, el nacionalismo fascista emergía en varios países de Europa y Asia.
En Estados Unidos estaba en marcha la doctrina que en 1823 el presidente James Monroe denominó «América para los americanos» y que a inicios del siglo XX fue reformulada por el presidente Theodore Roosevelt para aumentar su dominio comercial y político en el continente, especialmente en el Caribe. Desde entonces, el rol de EE. UU. se caracterizaba por una particular mezcla de negocios y armas, algo que ya conocía Colombia desde la pérdida de Panamá en 1903. Esta separación del istmo, auspiciada y respaldada por Roosevelt, alimentó en algunas élites colombianas una especie de derrotismo y aceptación del predominio estadounidense en la relación bilateral.
Después de la pérdida de Panamá, los sucesivos gobiernos conservadores de Colombia restablecieron relaciones con EE.UU., la «estrella polar del norte». Este reacercamiento se consolidaría a partir de los años veinte con una política exterior que se mantendría enfocada hacia Washington por el resto del siglo, en esta década Colombia recibió 25 millones de dólares como reparación por el desmembramiento de Panamá y tuvo abiertas las puertas de millonarios empréstitos cercanos a los 280 millones de dólares, cuyo objetivo era básicamente construir vías de comunicación, condición necesaria para la modernización y el desarrollo económico. Esta «prosperidad al debe» se dio a cambio del compromiso del Estado colombiano de darle vía libre a la inversión estadounidense. Así, Colombia había pasado de la quiebra posterior a la guerra de los Mil Días, a «la danza de los millones».
Los gobiernos de Colombia buscaban insertarse en el comercio mundial con el café como producto estrella, mientras que EE. UU. buscaba reservas de petróleo en estos lugares. Inversionistas europeos y estadounidenses impulsaron en Colombia las economías de enclave como parte de las estrategias del capitalismo industrial de la época, para insertarse en territorios extranjeros a partir de criterios económicos como el manejo de las materias primas (petróleo, oro, caucho, carbón, frutas tropicales, azúcar, banano, madera), el montaje de infraestructuras (caminos, vías férreas, puertos, canales, puentes, campamentos), la disposición de fuerza de trabajo y la imposición del consumo de mercancías producidas. Para ello se contó con el respaldo jurídico de la figura de las concesiones. Si bien los enclaves produjeron urbanización, también incentivaron la segregación social. En los enclaves bananeros o los campamentos petroleros colombianos había bienes y servicios que no existían en los pueblos adyacentes. Caso extremo el ocurrido en el Magdalena Medio, donde la Tropical Oil Company (Troco), que llegó en 1919 a la región, construyó campo de golf, sala de baile y una infraestructura a la que no tenían acceso trabajadores ni pobladores y que en la memoria colectiva aparece como un «apartheid rural».
La mayor capacidad fiscal del país produjo un fortalecimiento estatal que fue insuficiente para abarcar el vasto territorio nacional. Grandes regiones eran vistas como tierras de salvajes o lugares vacíos, mientras que los poderes de facto adscritos a los directorios liberales y conservadores continuaron siendo la cara del Estado en muchas de ellas.
La transformación capitalista produjo el crecimiento de sectores de la población como los campesinos que trabajaban en las haciendas, los obreros de las petroleras y de proyectos de infraestructura. Ellos protagonizaron levantamientos, marchas, huelgas y protestas en busca de tierra, mejores condiciones laborales o salarios. Las reclamaciones fueron leídas desde la sospecha comunista y reprimidas con la excusa de que formaban parte de un plan del comunismo internacional para derrocar el orden colombiano. Con el fin de atajar el descontento social, en la década de los veinte se instituyó una legislación que castigaba duramente las llamadas alteraciones al orden público.
Al conflicto social se sumó el conflicto político. Luego de casi tres décadas de hege monía, en 1930 los conservadores tuvieron que entregar el poder a los liberales. Estos últimos, conscientes de que el mundo respiraba nuevos aires y de que Colombia tenía que ponerse a tono para disfrutar de los miles de dólares de la modernización, promovieron una serie de reformas económicas y sociales. Las transformaciones lideradas especialmente por el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) generaron oposición en sectores que preferían mantener el statu quo, tanto entre conservadores como entre liberales. Esta tensión se vivió con mayor intensidad en el ámbito educativo y en el campo. La reforma agraria fue vetada por sectores de las élites regionales, quienes lograron frenar sus alcances en el siguiente gobierno liberal de Eduardo Santos (1938-1942). En el segundo gobierno de López (1942-1946) la reforma se enterró y esto generó frustración en el campesinado.
Durante los años en que el Partido Liberal gobernó, la insatisfacción social (que no pudo ser contenida por el reformismo liberal) y el anticomunismo continuaron, por lo que comenzó a gestarse un nuevo episodio del conflicto político. En 1946 los conservadores recuperaron el poder en cabeza de Mariano Ospina Pérez (1946-1950). La transición fue traumática, los odios entre liberales y conservadores se exacerbaron y llevaron al país a un ciclo de violencia en el que se combinaron las retaliaciones partidistas con el conflicto social.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 trajo una nueva decepción para los ciudadanos que desde antes se sentían excluidos y pedían la garantía de sus derechos. A partir de ese crimen, que todavía es recordado por un sector de la población colombiana como un parteaguas, el régimen político colombiano vivió uno de sus capítulos más oscuros con la represión gubernamental, la declaratoria del estado de sitio y el cierre del Congreso en 1949. Colombia vivió un cierre democrático, primero en manos de los gobiernos civiles de Mariano Ospina Pérez y de Laureano Gómez (1950-1951), y después bajo una dictadura militar encabezada por el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), quien derrocó a su antecesor, Roberto Urdaneta (1951-1953), con la promesa de la paz, la prosperidad y la reconciliación. De eso poco se dio y, si bien Rojas buscó la pacificación por medio de amnistías y promovió reformas sociales, no dudó en utilizar la fuerza para reprimir el descontento en ciudades y campos.
En todos estos años la violencia bipartidista comenzó a mutar. Las cuadrillas de guerrilleros liberales que se habían formado en los Llanos, Tolima, Santander, Quindío y Antioquia, y que no se acogieron a la amnistía, fueron proscritas por sus antiguos patrocinadores: el directorio del Partido Liberal. Lo mismo sucedió con los Pájaros y Chulavitas que eran patrocinados por los conservadores. Al mismo tiempo, el Partido Comunista (PC) orientó la creación de autodefensas para contener los ataques del Ejército y de los Pájaros. Estos grupos se asentaron principalmente en zonas de la provincia del Tequendama, en Sumapaz, y en el sur del Tolima, entre las fronteras con los departamentos de Huila y Cauca. Ellos fueron llamados bandoleros y tratados como criminales.
La pacificación prometida por Rojas nunca ocurrió, con el agravante de que el general formó una fuerza política por fuera del bipartidismo, que amenazaba los intereses de la dirigencia conservadora y liberal. Estos partidos, a su vez, aprovecharon la inconformidad de un sector de la sociedad colombiana hacia Rojas, firmaron un pacto y lograron desmontar la dictadura. Así comenzó una nueva era en la se volvió a prometer paz, reconciliación y prosperidad, y que se inauguró con un plebiscito.
Los anteriores párrafos pueden dar una visión pesimista y sombría de la historia colombiana entre las décadas de los veinte y los cincuenta. Y en parte es verdad, las cifras de la violencia de los años cuarenta y cincuenta, por ejemplo, dan cuenta del sufrimiento de miles de familias. También es cierto que, durante un cuarto del periodo en mención el país vivió bajo un cierre democrático. Sin embargo, vale la pena anotar que la violencia estuvo focalizada en las regiones andinas y que durante esos años el país comenzó su lento proceso de modernización e industrialización. En el marco de esta modernización, el Estado no pudo conjurar la agitación social ni la violencia social y política, asuntos que acompañaron este periodo y los siguientes, y se convirtieron en sustrato de un futuro conflicto armado interno, que dejó de ser focalizado para expandirse por el país.
Reconocer los hilos conductores de las violencias no quiere decir que exista una relación de causa directa entre estos y el conflicto armado interno. El entramado de la guerra ha sido complejo y cambiante; sus momentos, lugares y protagonistas no han sido homogéneos. La dialéctica del conflicto no solo está constituida por hechos de violencia o de paz, sino por las narrativas y percepciones que han tenido los actores involucrados, en donde se combinan frustraciones, agravios y codicias. A lo largo de esta historia habrá lugar para la fe y la esperanza, la desconfianza y el miedo, el amor y el odio. Todo ello forma parte también de la realidad.
Continúa…
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Créditos Tomo No matarás. Relato histórico del conflicto armado en Colombia
- Directora de este tomo: Marta Ruiz
- Coordinador de investigación: Javier Benavides Torres
- Equipo de investigación: Emilce Garzón Peña, Daniel González Contreras, Alexandra Martínez Molina, Jorge Cote Rodríguez, Marta Villa Martínez, Luis Carlos Sánchez, Ana María Trujillo, María Camila Luna, Mateo Morales
- Colaboraciones: María Teresa Ronderos, León Valencia, Iván Garzón Vallejo, Mauricio Romero Vidal, Olga Lucía Estevez, Carlos Arturo Charria, Estefanía Ciro Rodríguez, Anascas del Río Moncada, Teófilo Vásquez, Marisol Ortiz Acosta. Pasantes: María Mercedez Gómez, Jully Sánchez Cruz, Juan Camilo Riveros
- Editor: Daniel Salgar Antolínez
- Cuidado de textos: Fernando Carretero Padilla
- Equipo de analítica: Karen Bojacá Sánchez, Gabriel Lombo Moreno, Mónica López León, Jenny Rivera Burgos, Paula Amado Amado, Cristian Páez Parra, Andrea del Pilar González (coordinadora)
- Transmedia: Yanina Valdivieso Orozco, Lía Valero, María Mercedes Gómez, Juan Felipe Calderón, Luisa Reyes Trujillo, Christian Bitar Giraldo, Catalina Correa Rodríguez, Dalim Villalba Peña
- Cartografía: Fader Eduardo Peña Martín, José Gregorio Caicedo Vargas, Victoria Daniela Camacho Ochoa, Mónica Narváez Pastrana (coordinadora)
- Coordinación de diseño e impresión: María Barbarita Gómez Rincón
- Diseño de portada: Paula Velásquez Molinos
- Diseño y diagramación páginas interiores: Puntoaparte.
- Dirección de arte páginas interiores: Mónica Loaiza Reina, Mateo L. Zúñiga, Guillermo Torres
- Supervisión: Andrés Barragán
- Diagramación páginas interiores: David Rendón
- Apoyo cartográfico: Jerson Siabatto Moreno
- Agradecimientos: A las víctimas y a los protagonistas que nos ayudaron a comprender la complejidad de nuestra guerra. A los lectores externos y a Fescol
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