La protesta criminalizada

¿Qué dimensión tiene la protesta social en nuestro país? ¿Por qué se estigmatiza a quienes la practican y cuáles son las consecuencias de criminalizarla?

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El lenguaje del Estado y sus fuerzas de control han adoptado el discurso de los derechos humanos de una forma difusa para muchos ciudadanos.

A medida que hablan de esos derechos, se ha creado en paralelo un discurso del miedo y, en diversas ocasiones, sus acciones han demostrado que los conceptos no se llevan a la práctica. Incluso, reflejan un olvido en la defensa de la integridad de la ciudadanía, tal como se vivió en los días que enmarcan al 21 de noviembre o #21N.

En Colombia, desde principios de ese mes inició una campaña con fórmulas calcadas de las experiencias del Brexit, en Inglaterra, las campañas políticas de Donald Trump, en Estados Unidos, y el triunfo del “No” en el plebiscito por la paz en Colombia.

En Twitter, seguidores del partido Centro Democrático anunciaban el apocalipsis, mencionando un catálogo ya conocido de referencias: los planes de Nicolás Maduro, los infiltrados venezolanos y los chilenos que van de país en país desestabilizando gobiernos. Y uno no tan conocido: el satanismo.

José Félix Lafaurie, ex viceministro de agricultura en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y esposo de la senadora del partido de Gobierno, María Fernanda Cabal, publicó en su Twitter unas fotografías que darían cuenta de la existencia de rituales satánicos trece días antes de la marcha, y hacía énfasis: “El número 13 simboliza rebelión/rebeldía” (es pertinente aclarar que dichas fotografías mostraban una performance que llevaba por nombre “La peregrinación de la Bestia”, de Analú Laferal, creada con el apoyo de la Universidad de Antioquia).

Por su parte, el senador Álvaro Uribe Vélez acusaba a los participantes del Foro de São Paulo de conspiradores, responsables de desestabilizar los gobiernos de América Latina, entre ellos, al Gobierno colombiano. Esto no es gratuito, para los gobiernos y partidos políticos considerados “de derecha”, el establecimiento del Foro de São Paulo ha significado un símbolo siniestro.

Desde 1990, cuando el entonces sindicalista ‘Lula’ Da silva, futuro presidente de Brasil, y el líder político cubano Fidel Castro decidieron sentarse para fundar un escenario que permitiera generar un contrapoder al “modelo neoliberal”, el discurso conspirativo que los acusa de la desestabilización ha existido. Como el cuento del “coco” con el que desde antaño los padres asustan a sus hijos.

Entre tanto, a medida que aumentaba la zozobra en el país producto de la manipulación mediática, el presidente ordenó el cierre de todas las fronteras y emitió un decreto que revestía de facultades especiales a las autoridades regionales, una de ellas: aplicar el “Toque de queda” (eufemismo de la prisión, de raptar la libertad de caminar libremente por las calles de la ciudad), una medida que consiste en poder someter a los ciudadanos de un territorio al encierro, frente a cualquier situación –o simulación– de caos social.

En respuesta, los militares ordenaron el acuartelamiento de primer grado a sus unidades mientras que, dos días antes de la jornada de protestas, la policía allanaba sin justiciación ni piedad a organizaciones sociales y medios de comunicación que les generaban sospecha según sus informes de inteligencia.

Las ciudades de Cali, Popayán y Facatativá fueron protagonistas de las primeras órdenes de “Toque de queda”. La situación más crítica del 21 de noviembre se vivió en la ciudad de Cali. Al día siguiente, Maurice Armitage, alcalde de Cali, con lágrimas en sus ojos recordaba que en sus 75 años de vida nunca había tenido un día tan “azaroso”.

Las ruinas de los saqueos y el caos nos remontan a la capital del Valle de principios del siglo XX, cuando a las 12 de la noche del 30 de diciembre de 1923, el pueblo que fue excluido por la aristocracia de entonces atacó al Club Colombia en rechazo a los carnavales que desde el año anterior les negaba espacios de la ciudad por su categórica condición de pobres. El diario La República del 5 de enero de 1924 relató que mientras el pueblo gritaba “vivas” a sí mismos y “abajos” a la aristocracia, se llevaba consigo la champaña, el whisky y la cerveza del salón moderno.

Quizás, por lo cíclico del tiempo, en la mañana del 22 de noviembre de 2019, el alcalde de Cali gritaba con desespero latente y su voz entrecortada: “¡Lo que pasó ayer, es producto de un abandono de nuestra sociedad por la juventud de Cali!”.

El actuar policial y militar fue ofensivo, en todo momento. Las principales ciudades del país se vieron invadidas por el Ejército. En Bogotá se anunciaba con bombos y platillos que el Estado contaba con instrumentos tecnológicos que permitirían identificar a cualquier “vándalo”. Luego se empezó a publicar lo que se presentaba como El cartel de los “vándalos” más buscados y, después, se informaba que más de 22 mil hombres de la policía “escoltarían” las movilizaciones.

Las medidas a lo largo del tiempo que ha durado el Paro Nacional se han traducido en graves denuncias sobre violación a los derechos humanos. El día 21 dejó por lo menos tres víctimas fatales en el país. Los enfrentamientos con la policía han causado heridas graves a hombres y mujeres que se ven inmersos en la violencia. Los ojos se han convertido en símbolo de dignidad, pues al menos tres personas los han perdido. En redes sociales hay abundantes registros de múltiples agresiones a la sociedad civil. Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa ha denunciado retenciones arbitrarias a periodistas.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la misma oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia han mostrado su preocupación frente a la reiterativa violación de los derechos humanos. No en vano, diversas organizaciones han denunciado las garantías de la protesta social en Colombia, pues quienes “protegen” la protesta están actuando como una fuerza de guerra y no como una fuerza de paz.

El derecho a protestar

La protesta social es un derecho humano y debe respetarse, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación.

En Colombia, la Constitución (artículo 37) y las altas cortes (C-024 de 1994) la han reconocido como derecho fundamental, incluso, elemental para entender parte de la historia de los conflictos armados en el territorio. Dimensionarla en su justa proporción ayuda a comprender su importancia en el Acuerdo Final de Paz, pues lo que se dejó plasmado en aquel documento es crucial para defenderla por estos días de Paro Nacional.

En dicho Acuerdo quedó escrito que la protesta social es esencial para construir una verdadera apertura democrática en el país, es decir, ofrecer garantías para promoverla y defender la participación activa de la ciudadanía en los asuntos de interés público es un principio básico para la construcción de un Estado de todos y para todos.

El acuerdo dice explícitamente: “La protesta social es una forma de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia. Su práctica enriquece la inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la construcción colectiva de Nación”.

Todo lo acontecido nos lleva a pensar que los escenarios del posacuerdo y el fin del conflicto deben contener este derecho y las normas no pueden prohibirlo; su revisión sólo debe permitirse en función de garantizarla plenamente, sin que el ciudadano que la practique sea objeto de criminalización.

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Ilustraciones del especial: © Andrés Caicedo Hernández

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