Si la JEP fuera una tía. Una analogía para entender lo que pasa en la Jurisdicción Especial para la Paz


A partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, Colombia cuenta con una figura de justicia transicional: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ¿Qué es la JEP y por qué es tan importante conocerla? 

Si pensáramos en Colombia como una sola familia –cuyos hermanos se han venido peleando por décadas y siglos–, la JEP sería como una tía conciliadora, una señora sabia y valiente que busca alcanzar ideales de verdad, justicia y reparación.

Si la JEP fuera una tía, estaría sentada en la sala de la casa, en disposición de escuchar los testimonios de quienes han sido afectados por las confrontaciones, y escucharía también a los que han sido señalados o se consideran culpables. Acogería esos relatos y memorias y «administraría justicia», una justicia especial, diferente a la justicia ordinaria.

Vista en el contexto del conflicto armado colombiano, la JEP tiene la función de investigar, esclarecer y sancionar los delitos más graves cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Los antiguos combatientes que se acojan a la JEP, confiesen sus crímenes y se dispongan a reparar a las víctimas, podrían recibir penas alternativas a la cárcel.

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La JEP está compuesta por 38 magistrados (53% mujeres y 47% hombres, 10% afrodescendientes y 10% indígenas). Está constituida por tres Salas y un Tribunal de Paz.

Esta tía, que pone en el centro a las víctimas, escucha sus relatos sobre el daño sufrido y les reconoce sus derechos. Su funcionamente y su constitución están definidos en lo que se considera el bastón de la tía: Ley Estatutaria [Lee también Esta es la Ley Estatutaria, un documento clave para conocer la verdad del conflicto armado].

El bastón de la tía: la Ley Estatutaria

Como mecanismo de justicia transicional, la JEP nació «para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera».

Es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y fue creada por el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y la ex guerrilla de las Farc.

A pesar de tener dos años de funcionamiento, para el mes de marzo de 2019, la JEP no tenía definido un marco jurídico, lo que preocupaba sobremanera a veedores internacionales como la Misión de Verificación de la ONU, que se pronunció así en un comunicado el 11 de marzo de 2019:

“Lamentamos que, a más de dos años de la firma del Acuerdo Final, la JEP aún no cuente con una Ley Estatutaria, marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia, principios claves que la ONU, desde el Consejo de Seguridad, ha señalado como indispensables en repetidas ocasiones”.

Lo que ha hecho la JEP

Aún sin poder apoyarse del todo en su bastón, en esos primeros meses de funcionamiento, la JEP hizo mucho. Abrió siete casos y más de 11.700 personas se acogieron a ella, unos 2 mill militares y casi 10 mil ex guerrilleros de las Farc.

Ante la gran cantidad de delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, puesto que la JEP no podrá investigar todos los casos, sino que debe seleccionar los más graves y representativos, la Sala de Reconocimiento estableció unos criterios de selección y de priorización.

Estos son los casos en proceso hasta ahora:

Cortesía JEP-6.png

Las objeciones de Iván Duque

El domingo 10 de marzo, en una alocución televisada, el presidente Iván Duque anunció la objeción de 6 de los 159 artículos del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Al día siguiente, 11 de marzo, su secretaria presentó las objeciones en un documento al Congreso de la República, mientras que el canciller Carlos Holmes Trujillo se las presentó al secretario general de la ONU.

La JEP difundió las respuestas que ya había dado la Corte Constitucional a estas objeciones:

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Frente a esto, en este comunicado de la sala de prensa del Senado, se afirmó que:

Tras la presentación de las objeciones al Congreso, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, dijo: «Le daremos el tratamiento de acuerdo a la Ley 5a, que dice que se nombrará una comisión accidental por parte del Presidente de la corporación para que estudie las objeciones y esta rendirá un informe a la plenaria y la plenaria decidirá sobre el informe, si aprueba o desaprueba».

Respuestas a estas objeciones

Desde que se hicieron públicas estas objeciones, ciudadanos y organizaciones en Colombia y el mundo manifestaron su preocupación y rechazo a lo que consideraron una obstrucción al proceso de justicia transicional que ya está en marcha.

Patricia Linares Prieto, presidenta de la JEP, declaró el 10 de marzo de 2019 que:

“La JEP seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año, ello para cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición para todos los colombianos, aplicando al efecto justicia restaurativa y aportando a la reconciliación del país».

El procurador Fernando Carrillo consideró que objetar la Jurisdicción Especial para la Paz abría un debate inoportuno e inútil que desconocía el rol de la Corte Constitucional, y aseguró, entre otras cosas, que las objeciones por inconveniencia generan: «un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y abre un espacio para la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final».

La ONU, por su parte, a través de un comunicado de la Misión de Verificación en Colombia, expresó su total respaldo a la JEP y pidió que se respete su independencia y su autonomía:

[En la ONU] ratificamos nuestra expectativa de que la JEP reciba el apoyo político y práctico para su funcionamiento de todas las autoridades del país. De este respaldo dependerá, en gran medida, que los derechos de las víctimas sean la prioridad y el centro de la construcción de paz.

Partidos en oposición al gobierno hacen uso del derecho a la réplica

En respuesta a las objeciones del presidente Iván Duque, un grupo de congresistas de diferentes partidos que le hacen oposición al actual gobierno, se unieron por primera vez en la historia para hacer uso del derecho a la réplica del Estatuto de Oposición. En los primeros minutos de la alocución en televisión nacional, la senadora Juanita Goebertus afirmó que:

«La decisión del Presidente Duque de objetar apartes de la Ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país».

Al final de la alocución, la senadora hizo un llamado a una gran movilización el 18 de marzo para pedirle al gobierno que cumpliera lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Finalmente, tras meses de espera, la tarde del 6 de junio de 2019, tras diez meses de posesionarse como presidente de la República, Iván Duque sancionó la Ley 1957. ¿Qué significa este paso para la justicia transicional y para la construcción de paz en Colombia? Conoce, lee y descarga aquí este documento.

El primer paso para apoyar a la Jurisdicción Especial Para la Paz es informarse, leer de primera mano documentos como el Acuerdo Final de Paz y los comunicados que difunde esta institución en los que informa en qué van sus investigaciones, casos y procesos. Sigue a esta «tía» en @ColombiaJEP y en su sitio web: https://www.jep.gov.co/

Y comparte este artículo en tus redes sociales para que más personas se familiaricen con el trabajo en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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Con la sanción de la Ley Estatutaria se completa el marco legal de la JEP que está compuesto también por el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018. Descárgala aquí.

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