Negar la existencia del conflicto armado colombiano. Algunas implicaciones desde el Derecho Internacional Humanitario

Más allá de la polémica que generó en Colombia el nombramiento del historiador Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en este artículo, Juan Pablo Acosta Navas, abogado y profesor, reflexiona sobre algunas de las consecuencias en materia de Derecho Internacional Humanitario que trae consigo la negación del conflicto armado colombiano.

Desde finales de 2018 se despertaron varias polémicas en Colombia en torno a la baraja de candidatos para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para suceder a Gonzalo Sánchez, quien fue director del CNMH por más de siete años, el presidente Iván Duque nombró al historiador Darío Acevedo, luego de que sonaran nombres como el de Mario Javier Pacheco y Vicente Torrijos. Los tres tienen algo en común: niegan que en Colombia ha habido conflicto armado.

Pacheco, Torrijos y Acevedo: tres posiciones negacionistas

Por una parte, los pronunciamientos que hizo el historiador Javier Pacheco en redes sociales en contra del trabajo del CNMH en septiembre de 2018, lo alejaron de ocupar el puesto de director de esta misma institución. Sus polémicas posiciones, antes que académicas, personales y políticas, implican una negación de la existencia de un conflicto armado en Colombia.

Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2018 en el artículo La delgada línea entre conflicto armado y bandidaje publicado en su portal, Pacheco afirmó que “El revisionismo cultural e histórico de los criterios tradicionales sobre la paz, propiciada por Santos, llenó al CNMH de investigadores sesgados, (…) las versiones de víctimas de los paramilitares y del Estado, son mucho más que las de la guerrilla”.

Tras diluirse sus posibilidades para ejercer este cargo, en noviembre de 2018 comenzó a tomar fuerza el nombramiento de Vicente Torrijos, entonces profesor de la Universidad del Rosario con una experiencia acreditada en docencia universitaria de casi 20 años.

Entre su abundante producción académica figuran libros y artículos en los cuales calificó a las FARC-EP como un grupo terrorista, postura que permite desmentir la existencia de un conflicto armado no internacional (CANI) en Colombia al negar el reconocimiento de esta guerrilla como un Grupo Armado Organizado (GAO), es decir, como una parte del conflicto que está llamada a respetar y a regirse por las normas del Derecho Internacional Humanitario en la confrontación armada con el Estado. La polémica con Torrijos comenzó cuando se comprobó que el título de doctorado y el estudio posdoctoral que relacionaba en su hoja de vida nunca fue obtenido, lo cual hizo que fuera descartado como aspirante a dirigir el CNMH.

Además de las posiciones de Pacheco y Torrijos, esta postura negacionista del conflicto armado ha sido suscrita desde hace varios años por otros partidarios del Uribismo como José Obdulio Gaviria. En el año 2005, en su libro Los Sofismas del Terrorismo en Colombia, aseguró que en Colombia no existía un conflicto armado propiamente dicho sino una amenaza terrorista, e incluso señaló en su texto que el requisito previo para restaurar la paz era que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en calidad de depositario de las Fuerzas Armadas, dirigiera la ofensiva para neutralizar a los frentes terroristas.

Después de las polémicas, finalmente, el pasado 19 de febrero, fue nombrado director del CNMH el historiador Rubén Darío Acevedo Carmona quien, pese a los 8.794.542 de víctimas registradas actualmente por la Unidad de Víctimas, también ha sugerido la inexistencia de un conflicto armado en el país.

Darío Acevedo y la negación del conflicto armado desde el Derecho Internacional Humanitario

A comienzos de febrero de 2019 cuando su nombre resonaba para el cargo, el historiador Darío Acevedo declaró al periódico antioqueño El Colombiano que “Aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”.

Esta afirmación suscitó la respuesta inmediata de varias organizaciones y colectivos que trabajan por la construcción de las memorias del conflicto armado, quienes entre otras cosas afirmaron que “Desconocer el conflicto es revictimizar”.

La afirmación de Acevedo, además, abre preguntas sobre las implicaciones que esta posición negacionista tiene en relación con el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En pocos términos  —y a riesgo de simplificar su contenido— el DIH es un conjunto de normas internacionales que regulan los medios y métodos de combate en los conflictos armados internacionales (CAI) o en los conflictos armados no internacionales (CANI), y que protege tanto a las personas que no toman parte en las hostilidades (población civil) como a los miembros de los grupos armados organizados o de las fuerzas armadas estatales que han dejado de participar en ellas tras resultar heridos, capturados, enfermos o tras rendirse.

En otras palabras, el DIH son las normas que protegen a las víctimas de los conflictos armados y a la población civil en general, y a su vez prohíben o limitan el uso de ciertas armas o estrategias en las confrontaciones armadas, pues aún para hacer la guerra existen reglas que deben respetarse.

Estas normas tienen plena vigencia en Colombia porque el Estado ha ratificado distintos instrumentos internacionales del DIH, y en particular, los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales (PA) I y II de 1977.

A finales de 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó su balance en La era del posacuerdo y afirmó que en la actualidad en Colombia existen por lo menos cinco conflictos armados no internacionales, cuatro de ellos entre las fuerzas armadas gubernamentales del Estado VS a) Ejército de Liberación Nacional, ELN b) Ejército Popular de Liberación, EPL, c) Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC y d) las disidencias de las FARC-EP, correspondientes al Bloque Oriental. El quinto CANI se da entre el EPL y el ELN en la región del Catatumbo.

En este sentido, negar la existencia conflicto armado en Colombia, como lo ha planteado Acevedo en reiteradas ocasiones, trae implícitas varias consecuencias. Dos de ellas son:

1. Desconocer las normas humanitarias que están vigentes en Colombia por la ratificación de distintos instrumentos del DIH

Esta negación implica no reconocer ni aplicar las normas del DIH vigentes en Colombia referidas a los CANI, normas que buscan precisamente “humanizar o limitar la guerra”, en el sentido de que no todas las armas o las estrategias para confrontar al enemigo son válidas y que aún en el marco de una confrontación armada debe respetarse el mínimo humanitario de quienes participan directamente en las hostilidades.

De manera puntual, aún al enemigo interno debe respetársele la vida y la integridad personal, no someterlo a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, no desaparecerlo forzadamente o ultimarlo si se encuentra desarmado, está enfermo, está herido, se ha rendido o ha sido capturado.

Si las fuerzas armadas gubernamentales conducen las hostilidades en el marco del DIH, los miembros de los GAO, por ejemplo, no pueden asesinarlos tras ser capturados, en este caso, además de respetarle su vida, deberán entregarlos a las autoridades competentes para que los juzgue la justicia ordinaria dentro de un proceso penal. Esto es solo un ejemplo, pero la idea fundamental es que aún en el conflicto armado hay límites inquebrantables, negar su existencia implica negar la aplicación de los principios rectores del DIH e ignorar que existe un mínimo de humanidad que debe ser respetado aún para con los miembros de los GAO como el ELN, EPL, AGC o las disidencias de las FARC-EP.

2. Desconocer a las víctimas y desestimar el deseo ciudadano de alcanzar la paz

Negar el conflicto armado en Colombia es negar lo evidente, casi 9 millones de víctimas registradas y legalmente reconocidas en virtud de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, demuestran la magnitud de este flagelo y hacen que resulte impresentable cualquier postura política o histórica que pretenda desconocer esta realidad.

Además del incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Colombia mediante los instrumentos mencionados, también implica un gran retroceso en el reconocimiento de las partes enfrentadas y de sus motivaciones ideológicas o políticas para levantarse en armas.

Pero, sobre todo, esta negación supone una afrenta a la construcción de las memorias colectivas sobre el conflicto y a los impulsos ciudadanos y de organizaciones sociales por contribuir a la paz.

Todas las iniciativas y los esfuerzos de la sociedad civil por la construcción de paz en el territorio colombiano son insumos y aportes para el entendimiento y la comprensión de un conflicto armado tan voraz como el que ha atravesado Colombia durante los últimos 60 años.

Más allá de una cifra, cada víctima directa o indirecta del conflicto armado en tanto ser humano, merece ser tratado con respeto y dignidad. Las memorias —en plural— individuales y colectivas de las atrocidades que han ocurrido en décadas de confrontación armada son una contribución fundamental al entendimiento de lo que ha pasado, con la esperanza justamente de comprenderlo para que no nos vuelva a ocurrir. Como lo dijo Samuel Butler, “Dios no puede alterar el pasado; pero los historiadores, sí”.

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En portada: © Juan Manuel Zarama Santacruz para el CNMH. Imagen portada del libro Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronteras. Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018.