A cinco años de la firma del histórico Acuerdo de Paz en Colombia, ¿qué podemos resaltar y aprender de esta negociación? Parte del especial El Acuerdo de Paz en Colombia, contenidos para profundizar en el tema. Anímate a comentar y a compartir estos diez apuntes.
Por Andrés Caicedo Hernández
El 24 de noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón de Bogotá un documento que debería ser el más importante para los gobiernos de turno en Colombia hasta el año 2030: el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-EP, un hecho que contiene demasiadas emociones para un solo país.
Ya se ha escrito mucho alrededor del Acuerdo, quizás como un ejercicio de luchar contra el olvido. También existen innumerables textos que sintetizan cada uno de los puntos de la negociación. Entre ellos, recomiendo uno muy bello: la explicación del Acuerdo en palabras del líder social Ricardo Esquivia.
En esta oportunidad no escribiré una simple lista sin alma. Después de leer y seguir con atención e interés este tema, comparto algunos apuntes que pueden leerse como logros, ejercicio retrospectivo o recurso pedagógico; una visión del Acuerdo de Paz desde el inicio de las negociaciones hasta su actual implementación.
1. La paz solo se alcanza a través del diálogo
¿Cómo comenzó todo? ¿De dónde salió este Acuerdo? A principios de 2012, se empezaron a dar encuentros confidenciales en Cuba. La tensión era incontenible. Juan Manuel Santos, el presidente que se hizo famoso por implementar las políticas de Álvaro Uribe Vélez cuando era el ministro de Defensa, quiso continuar lo que se venía gestando secretamente: procurar negociar con la guerrilla de las Farc.
Unos años atrás, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), las negociaciones en el municipio de San Vicente del Caguán extendieron el fracaso de los procesos de paz que se habían intentado desde la administración de Belisario Betancur (1982-1986), quien en su discurso de posesión soltaría una mítica frase: “No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana”.
Pablo Catatumbo, miembro del secretariado de las Farc y jefe del bloque occidental, en alguna oportunidad contó que, al levantar una mesa de negociación, la guerrilla le decía al gobierno: “Nos vemos dentro de cinco mil muertos”. Por el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica supimos que solo hasta el año 2012 se habían registrado 25.000 desaparecidos, 27.032 secuestrados, 220.000 asesinados y 7.159.144 desplazados.
El Acuerdo de Paz del Teatro Colón representa el momento en el que los actores de la guerra empezaron a dialogar sobre los conflictos sociales –y sus soluciones– sin tener como posibilidad alguna el uso de las armas.
2. Negociar en medio de la guerra
Reconocer que había un conflicto armado impuso una regla “bárbara” en la atmósfera de las condiciones en que se iba a negociar: no existiría un cese al fuego para dar inicio a las conversaciones.
Históricamente, el cese al fuego significó un factor extorsivo por alguna de las partes, lo cual impedía conversar sobre los asuntos de fondo. A su vez, el cese al fuego era aprovechado por algún actor armado para fortalecer militarmente.
Sobre esto, Juan Manuel Santos fijaría en la etapa exploratoria un principio que adoptó del ex Primer Ministro y Nobel de Paz israelí, Isaac Rabín: “Vamos a negociar con el terrorismo como si no hubiese terrorismo y vamos a seguir combatiendo el terrorismo como si no hubiese negociación de paz”. A esto la guerrilla respondía afirmativamente, entendiendo que en la guerra no hay concesiones.
Esta lógica de negociación alimentó de momentos neurálgicos a los delegados y a las delegadas en la mesa de diálogos en La Habana. Primero, durante la fase secreta de los diálogos, el 4 de noviembre de 2012, el Ejército abatió a ‘Alfonso Cano’, lo que se calificó como un golpe al corazón de la guerrilla. Después, las Farc secuestraron al general del Ejército, Rubén Darío Alzate, el 16 de noviembre de 2014. Al año siguiente, el 15 de abril, murieron once militares en el municipio de Buenos Aires, Cauca, luego de la tregua unilateral que previamente había ofrecido la guerrilla de las Farc.
A raíz de esto, Santos ordenó reactivar los bombardeos del Ejército y publicó en su cuenta de Twitter una verdad que muchos colombianos se oponían a ver: “Esta es precisamente la guerra que queremos terminar”.
3. ¿Quiénes hacen la guerra?
La mayoría de los hombres que se enfrentan en la guerra son campesinos y ciudadanos pobres. Los combatientes, de uno u otro bando, no tienen la misma formación política que caracterizó a los movimientos insurgentes de los años sesenta. Por lo general, quienes se enfrentan en la guerra tienen un bajo nivel educativo, precarias condiciones de acceso al sistema laboral e incluso hambre.
Henry Acosta –un viejo amigo de Álvaro Uribe Vélez y de Pablo Catatumbo– fue quien, junto con el economista, académico y político colombiano Frank Pearl, acercó una y otra vez a los enemigos. Trató de demostrarles a los que tenían el poder que nadie le va ganar la guerra a nadie y que el único final de una lucha armada es el exterminio.
La regla era así de categórica, abandonar cualquier escenario de diálogo y negociación significaba conducir a miles de hombres y mujeres a la costosa “solución” de vencedores y vencidos.
Esto lleva a pensar que todas las negociaciones de paz deben ir más allá del silencio de los fusiles. En Colombia, el rastro de la guerra es la guía del Acuerdo. La visión implica observar e incluir a los que Eduardo Galeano llamaría Los nadies: los ningunos, los ninguneados, aquellos que no tienen tierra para trabajar, que tienen hambre, que no tienen libertad. Ellos deambulan en el conflicto.

4. No se puede negar a las víctimas
El gobierno de Juan Manuel Santos promulgó la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta Ley surgió con el propósito de reconocer los derechos de las víctimas en escenarios de «posconflicto«. Esta Ley marcó un hito jurídico en la historia de Colombia, pues allí se materializa el reconocimiento del conflicto armado interno y el universo de víctimas de la guerra.
El presente Acuerdo focaliza la atención en las víctimas y desarrolla su estructura en coordinación con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con el Derecho Internacional Humanitario.
Así, se ha entendido que no pueden existir límites para que los escenarios de transición –como lo son los escenarios de la implementación– nieguen el acceso al universo de víctimas del conflicto armado. Es decir, así como se reconoce el conflicto, se debe reconocer a aquellos que vivieron las realidades violentas durante más de medio siglo en nuestro territorio.
5. No se trata de una discusión ideológica
Para académicos como Rodrigo Uprimny, existe un consenso entre los analistas del conflicto armado colombiano al señalar que existen dos grandes factores que han originado la violencia en el país: la desigualdad rural y la alta concentración de la tierra.
Además, la guerra se ha profundizado por la debilidad que desde siempre ha demostrado el Estado en ocupar los territorios, lo que ha permitido que estos sean cooptados por grupos guerrilleros, paramilitares y bandas del narcotráfico.
En La Habana, por primera vez en la historia de las múltiples conversaciones que han existido, se plantearon discusiones en torno a dar solución a lo que se ha denominado “el problema de la tierra”, del acceso del campesino a ella y de su titulación en derecho.
No se trata de una discusión ideológica, sino de resolver las causas objetivas que dieron origen y alimentaron el conflicto.
6. Nada está acordado hasta que todo esté acordado
El Acuerdo general para la terminación del conflicto y lo que se llamó “la construcción de una paz estable y duradera”, se firmó el 26 de agosto de 2012 y dio inicio formal a la negociación.
Se acordó un principio elemental en las reglas de funcionamiento que extendió por un poco más de cuatro años las conversaciones: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Se trataba de un gran acuerdo que incluía, a su vez, seis acuerdos dirigidos a discutir seis puntos: 1) una reforma rural integral con el fin de acordar políticas que garantizaran el desarrollo del campo colombiano; 2) una apertura democrática que permitiera a la guerrilla participar en política con el fin de tramitar a través de la palabra los conflictos sociales; 3) buscar una solución al problema de las drogas, donde se evitara la represión y se optara por modelos de erradicación consentida, enfocado en atender al campesino, 4) una metodología para dar fin al conflicto; 5) un sistema de atención a las víctimas, y 6) unas herramientas útiles para implementar, verificar y en su momento refrendar el Acuerdo.
No se trató de una revolución por decreto, sino de un pacto que busca materializar la paz con la guerrilla y en la sociedad.
7. De hacer la guerra a buscar la paz
La presencia de los militares en esta mesa de negociaciones no tiene precedentes. Eran ellos los que conocían la guerra, también la habían padecido. Eran ellos los indicados para negociar con los que por cinco décadas llamaron “los enemigos”.
El jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, cuenta en su libro Revelaciones al final de una guerra (2019) que el general Jorge Enrique Mora –el hombre que combatió durante los años más violentos a las Farc–, nunca pidió impunidad para los militares. Pidió un acuerdo equitativo.
Mientras críticos como el ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, llegó a tildar el acuerdo de lo que él llamó el fenómeno de «Petroplazas» –que a su juicio solo daba cárcel a los militares y la política a la guerrilla–, en La Habana, oficiales activos como Javier Flórez y Carlos Rojas se sentaban junto al secretariado de las Farc para tratar de resolver las diferencias y confrontaciones que los mantuvieron en guerra por largos años.
Conmueven las escenas que cuenta la periodista María Jimena Duzán en su libro Santos: paradoja de la paz y el poder (2018): el General Flórez llorando con el hijo del ‘Mono Jojoy’ y el General Rojas viendo la herida de bala que en un combate le dejó marcada en la espalda a Carlos Antonio Lozada, ex combatiente de las Farc. Quienes vivieron la guerra querían acabarla.
Para terminar la guerra con la guerrilla más vieja del continente, el Acuerdo fijó un pacto que daba cuenta de que las Farc-EP reconocían las instituciones del Estado colombiano y el modelo constitucional.
En La Habana se exigió nuevamente el desmonte del paramilitarismo, para que se cumpliera a cabalidad hacer política sin armas y consolidar una vez más un movimiento político que tuviera como mínima garantía el respeto por la vida de sus integrantes.

8. Justicia para restaurar el tejido social
En Colombia, los últimos dos siglos han terminado y comenzado en guerra. La Colombia de nuestro tiempo no es la misma de la «Guerra de los mil días» (1899-1902); el Acuerdo de La Habana no es el Tratado de Wisconsin. La terminación de una guerra con las Farc de más de 18.000 días no podía soportar las reglas de la rendición.
En Cuba se acordó un sistema de justicia transicional para la paz, donde se da prioridad a la formación de una comunidad que elimine las lógicas del castigo de la justicia ordinaria y tenga como propósito sanear el tejido social dañado por la violencia.
En este tipo de justicia restaurativa se piensa en la solución de los problemas, en la responsabilidad y en las obligaciones que se deben asumir, mirando hacia el futuro, entendiendo la vital importancia de restaurar a la víctima, al victimario y el daño social, y para ello es primordial una sociedad catalizadora de paz.
La justicia no es la cárcel. En La Habana se evidenció que las víctimas exigían y exigen mucho más que el mundo estrecho de pedir castigo. Exigían y exigen la verdad. Exigían y exigen reparación. Exigían y exigen que nunca más se repita la violencia.
Juan Carlos Henao, ex presidente de la Corte Constitucional, ha explicado en síntesis el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y establecida en el quinto punto del Acuerdo. Ha indicado que en los procesos habrá sentencia, juicio, corroboración de la verdad, compromisos de no repetición y compromisos de medidas de reparación. Así mismo, habrá restricción efectiva de libertad. Y para quienes no aporten verdad, habrá prisión.
9. El miedo y «el No»
El último punto del documento negociado en La Habana incluía un pacto importante: el Acuerdo debería ser refrendado por los colombianos y para ello se convocó a un plebiscito el 2 de octubre de 2016.
Ese día quedó retratada la ignominia de nuestra sociedad. Mientras el país estaba dividido, miles de guerrilleros se desplazaban escoltados por el Ejército. El país rural aplaudía el gesto de paz de las Farc y en los municipios que vivieron la más cruenta guerra votaron mayoritariamente por el «Sí» a la paz; sin embargo, no ganaron el plebiscito.
Tres días después del plebiscito, el gerente de lo que se conoció como «La Campaña del No», Juan Carlos Vélez, afirmó en una entrevista al diario La República que la estrategia consistía en “dejar de explicar los acuerdos y centrarse en exacerbar el miedo y la indignación de los votantes”. Es decir, en la campaña del plebiscito hubo engaño para votar en contra del Acuerdo de Paz. Así lo corroboró el Consejo de Estado en diciembre del mismo año.
El resultado obligó a crear un «Nuevo Acuerdo» que contó con la participación de los voceros del “No”, donde de los 60 cambios propuestos, se hicieron 57 ajustes. Los tres restantes iban dirigidos a dar un tratamiento especial a los militares, limitar la participación política de las Farc y modificar los tipos de sanciones. Era evidente para los negociadores del gobierno y de las Farc que estos tres puntos implicaban no poder terminar el conflicto por la vía del diálogo. [Aquí puedes descargar un documento que explica los ajustes]
Esta realidad nos transporta a las palabras que Gabriel García Márquez pronunció el 6 de agosto de 1986 en el aniversario número 41 de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. En un discurso que tituló «El cataclismo de Damocles», y que cobra vigencia en nuestra actualidad, dijo: “Lo único que puede salvarnos de la barbarie es una cultura de la paz”.
10. La implementación del Acuerdo es garantía de no retorno
El cumplimiento de los seis acuerdos es la salida a gran parte de nuestra violencia. A la fecha, existe una tensión razonable por garantizar la realización de lo pactado: la fragmentación de los actores del conflicto, el asesinato de los líderes y lideresas sociales, la falta de legislación para materializar los acuerdos. Especialmente, hay incertidumbre en temas esenciales como las 16 curules en la Cámara de Representante que deberían tener las víctimas, y que no se asignan aún, y la ausencia de materializar la Reforma Integral del sistema político.
Igualmente, existe una grave preocupación por la disminución en los programas de desminado, el regreso de la fumigación con glifosato, la no focalización en las políticas de erradicación voluntaria, la falta de medidas para impulsar el voto rural y los límites temporales de la Comisión de la Verdad y de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que van hasta 2021. Todos estos son factores de discusión para hacer realidad la paz y evitar el regreso al conflicto armado.
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