¿Cómo va el Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de pandemia?

¿Cómo ha afectado la contingenia del COVID-19 la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia? ¿Qué medidas se están tomando para atender a víctimas y ex combatientes en este contexto? Compartimos algunas de las reflexiones que surgieron durante un espacio de diálogo organizado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el 15 de abril de 2020. Parte del especial de contenidos sobre la Paz en Colombia.

El 29 de marzo de 2020, el sacerdote y presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, nos recordó que la guerra en Colombia ha matado a mucha más gente de lo que a la fecha ha matado el coronavirus a ciudadanos en todo el mundo –pues aún es vigente el análisis–. En ese sentido, es importante proteger el proceso de implementación del Acuerdo de Paz y observar las medidas que se han venido adoptando para lograr ese propósito.

En uno de los espacios de diálogos en cuarentena, organizado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) tuvieron la oportunidad de encontrarse varias personas que han vivido muy de cerca la implementación del Acuerdo de Paz que puso fin a décadas de conflicto armado entre el Gobierno nacional y la ex guerrilla de las Farc-Ep.

En un mismo canal de YouTube estuvieron conectados Emilio Archila, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación; Rodrigo Granda, integrante del Partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo de paz (CSIVI), y Consuelo Corredor, vocera por el CINEP de la Secretaría Técnica de la Comisión de Notables del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. El tema que los convocó esta vez fue “la implementación del Acuerdo de Paz en tiempos de pandemia”. A continuación, compartimos los puntos más relevantes de esta conversación, dividos en grupos temáticos: las víctimas y los ex combatientes.

Las víctimas

Durante la conversación, la investigadora Consuelo Corredor dimensionó los tipos de problemas que tienen las víctimas y los excombatientes durante esta pandemia, pues son comunidades que en su mayoría habitan en sectores rurales y que, a su juicio, presentan dificultades mucho mayores a las de aquellas personas que viven en zonas urbanas.

La investigadora afirmó que, en general, se observan tres tipos de riesgo. Primero, reseñó que hay unos riesgos que comparten estas comunidades con el resto de la sociedad, pero con una intensidad mayor; estos son, la pérdida de empleo que influye en la capacidad de generar ingresos y la disminución en la capacidad de acceso de niñas y niños al sistema educativo.

Enseguida, indicó el reto de garantizar la seguridad alimentaria, pues, a su juicio, hay una dificultad para la compra de bienes que no se producen en los territorios. Y finalmente, respecto a las víctimas, hizo un llamado a reconocer que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ha disminuido en su funcionamiento, lo cual representa dificultades.

Por su parte, el Consejero Presidencial, Emilio Archila, se refirió a los planes formulados por el Gobierno nacional para atender esta crisis. Respecto a los más de 9 millones de víctimas reconocidas, indicó que la Unidad de Víctimas está encargada de entregar ayuda humanitaria en especie. En ese sentido categorizó los canales en diferentes acciones:

Archila insistió en que tienen un compromiso con la seguridad alimentaria de las víctimas en los municipios. Afirmó que cada tres días están haciendo seguimiento para observar el aprovisionamiento de alimentos y se mantendrá la provisión de insumos para las huertas caseras. Además, hizo referencia a otro tipo de medidas que atienden los territorios en donde viven una gran parte de las víctimas del conflicto armado:

Se continuará trabajando en la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) junto con las comunidades.
A través del Banco Agrario se seguirán realizando los pagos a las familias que hacen parte de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Se están implementando otras medidas en cada uno de los frentes de la Reforma Rural Integral y del plan marco de implementación.

En cuanto a esto, Consuelo Corredor advierte que se debe observar el proceso para hacer realidad estos planes, pues “En crisis sanitaria imaginamos que habrá muchas dificultades para que los compromisos puedan materializarse”, dijo. También invitó a que se empiece a elaborar un plan de choque ante la eventual ampliación o desmonte paulatino de la cuarentena.

Finalmente, recordó que el Estado colombiano y en especial el Congreso de la República, tienen una tarea pendiente con las víctimas, pues no han consolidado las Circunscripciones Transitorias de Paz que, precisamente, hubieran facilitado la respuesta a la crisis de estas comunidades ante esta nueva realidad.

Los excombatientes

El consejero Emilio José Archila mencionó que existe un segundo paquete destinado a atender el proceso de reincorporación. Explicó que se ha creado una estrategia de tres niveles. Primero, un apoyo de gestión de ofertas de programas sociales y económicos. Segundo, un plan para atender comunicaciones y la atención en salud. Y tercero, un plan de reacción de emergencia. En concreto, parte de las medidas son:

Agregado a ello, Archila manifestó que se mantiene comunicación con representantes de los Espacios Territoriales y las respectivas secretarías de salud departamentales. Igualmente, para observar el grado de afectación en los municipios donde se encuentran estas comunidades, comenta que existe una coordinación de seguimiento y evolución de la pandemia con el Ministerio de Salud.

Por su parte, Rodrigo Granda, desde el partido político Farc, aseguró que se requiere una atención mayor. “Las condiciones de habitabilidad en los ETCR son deficientes. Hay confinamiento, no hay agua potable. Las casas que se hicieron, si es que se pueden llamar casas, no tienen condiciones dignas. El baño y la cocina son comunales, donde hay niños, mayores de edad, discapacitados y personas con enfermedades crónicas”, manifestó.

Granda también expresó su preocupación por los prisioneros políticos de las Farc que viven en las cárceles y padecen el drama de la población carcelaria en general que está en riesgo por causa de la pandemia, toda vez que el decreto 546 del 14 de abril, no soluciona el problema estructural de la situación de emergencia sanitaria de esta población y que es emergente para garantizarles el derecho a la vida.

Así mismo, existen situaciones especiales en el marco de las necesidades de los reincorporados, tal como lo reseñó Consuelo Corredor, respecto de la debida atención que requieren las excombatientes embarazadas que se encuentran en los espacios territoriales.

Otro tema importante que aún no cesa en esta época y que los dirigentes del partido Farc siguen denunciando, son las amenazas a los excombatientes que siguen en aumento. Sobre el número de casos, El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, insiste en que “No es cientos, sino menos de una veintena”, asegurando además que son responsabilidad de “malandros que tienen enemigos comunes” y que los mecanismos que se han venido implementando, según los análisis del gobierno, están siendo efectivos.

Es importante resaltar que, en el informe del 31 de marzo de 2020 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la tragedia del asesinato de los excombatientes fue un tema destacado como prioridad, y se resaltó la necesidad de reforzar la protección y seguridad de esta población, ya que la situación es crítica.

Durante el mes de marzo, en medio de la llegada del COVID-19 al país, fueron asesinados cuatro excombatientes de las Farc: Astrid Conde Gutiérrez, Irnel Flores Forero, Belle Ester Carrillo Leal y Albeiro Gallego Mesa. Y, durante la cuarentena, desde la publicación del último informe de la Misión de Verificación, han sido asesinados otros tres excombatientes: José Isidro Cuesta Ricas, Juan Carlos Castillo Certijama y Carlos Alberto Castillo, elevando los datos a 195 firmantes del Acuerdo de Paz que han perdido la vida desde el año 2016.

Rodrigo Granda manifestó que lamentablemente siguen existiendo los retrasos en cada uno de los puntos del Acuerdo. Según él, esta situación causa dificultades muy serias, “Sigue persistiendo el problema de la tierra, que no la hay para adelantar los proyectos productivos”, aseguró.

Además, explicó que “de 99 mil familias que se vincularon al plan de sustitución de cultivos denominados ilícitos, solo 46.611 han recibido la parte correspondiente de un año”. Todo esto para recordar, con sus palabras, lo dicho por el Representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruíz Massieu, “la pandemia no puede convertir al proceso de paz en una víctima más”.